Desde el área de Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Cártama se quiere informar al sector empresarial del municipio que la Junta de Andalucía ha publicado el extracto de la convocatoria de las subvenciones reguladas en el Capítulo II del Decreto-Ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas.
El Capítulo II del Decreto-Ley 4/2021, de 23 de marzo, tiene por objeto aprobar y convocar una línea de subvención dirigida al mantenimiento de los puestos de trabajos asalariados en empresas, excluidas las del sector público, que estén o hayan estado afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, y que se encuentren basados en causas relacionadas con la situación pandémica desde el estado de alarma, declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, ya sean por fuerza mayor constatada mediante resolución estimatoria, expresa o por silencio, ya se basen en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, habiendo comunicado a la autoridad laboral el resultado del período de consultas a la finalización del mismo y la decisión adoptada por la empresa, con el fin de preservar, con ello, la continuidad de la actividad laboral.
La cuantía a ingresar será de 2.020 euros por persona trabajadora, a razón de 505 euros durante cuatro meses, permitiendo una ayuda máxima de 30.300 euros para la empresa. El cálculo de esta cuantía se realizará desde el Servicio Andaluz de Empleo, en función del factor de la actividad de la empresa, que varía en función de la proporción de las personas contratadas a tiempo completo y tiempo parcial en esa empresa.
Estos incentivos están destinados a la protección de las 163 actividades más perjudicadas por la pandemia, tales como el comercio, la hostelería, el transporte, la logística y actividades culturales o deportivas, entre otros.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto de la convocatoria.
Las personas interesadas pueden obtener más información sobre la tramitación de estos incentivos contactando con la oficina del Centro Andaluz de Emprendimiento  (CADE) en el municipio, a través del teléfono 671 536 855 o por correo electrónico (mpbandera@andaluciaemprende.es).
El Decreto Ley, aprobado la pasada semana, recoge las actuaciones del Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias en el Marco de la Reactivación Económica y Social firmado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la patronal y los sindicatos. El conjunto supone una movilización de 732,4 millones de euros.
El total de las ayudas recogidas en el Plan se desglosa en tres bloques. El primero incluye 14 medidas dirigidas al mantenimiento del empleo y la actividad económica con 585 millones divididas en una línea de subvenciones para los afectados por ERTE con 270,5 millones de euros; una ayuda extraordinaria destinada a trabajadores afectados por ERTE y fijos discontinuos beneficiarios de la prestación extraordinaria, con 75 millones de euros; y tres líneas de ayudas para el mantenimiento de la actividad turística por importe de 27,2 millones.
El segundo bloque está destinado a la protección de las personas más afectadas por la pandemia con una cuantía de 107 millones e incluye algunas medidas como es la creación de una Prestación Extraordinaria para situaciones de máxima necesidad dotada con 30 millones de euros. Se trata de una prestación que va en línea con la Renta Mínima de Inserción Social, que se mantiene, pero que se reformula que no colisione con el Ingreso Mínimo Vital del Estado. El tercero prevé una inversión de 40,4 millones para generar 1.700 contratos por parte de la Administración autonómica para posibilitar que todas las ayudas se pongan en marcha, reduciendo la carga burocrática.